El Pleno del Senado de la República envió al Ejecutivo federal el llamado Plan B de la reforma electoral, para que se promulgue, el cual modifica la estructura económica e interna del Instituto Nacional Electoral, además, los senadores determinaron retirar el artículo que permitía la transferencia de votos a los partidos en riesgo de perder su registro, la llamada vida eterna a los partidos.
Con una votación de 72 votos a favor y 50 en contra, el Pleno del Senado de la República no aprobó la modificación realizada al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por la Cámara de Diputados, aprobada el 15 de diciembre de 2022, por no apegarse a lo previsto en la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Posteriormente, se aprobó un segundo resolutivo, con 70 votos a favor y 40 en contra, para que se remita al Ejecutivo los artículos aprobados por el Congreso de la Unión, del resto del proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Después de siete horas de debate, entre descalificaciones del partido Morena y sus aliados contra la Bloque de Contención conformado por PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural, en donde salieron a relucir diversos personajes de la vida política, entre ex presidentes, ex funcionarios a quienes se dirigieron toda clase de ataques.
Los temas centrales de la discusión en el Pleno no fue el artículo 12 del dictamen, sino se centraron en el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como de las fallas señaladas por la oposición sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete.
El artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecía la distribución de votos, o como le han llamado coloquialmente “la transferencia de votos”, que no se aprobó y, en este sentido, no formará parte de ninguna manera de estas reformas y modificaciones electorales.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Mónica Fernández Balboa y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Rafael Espino de la Peña, sustentaron el dictamen que correspondía a la eliminación de un solo artículo.
Se presentaron también cinco votos particulares que fueron rechazados por el Pleno de los senador Noé Castañón de MC, José Alfredo Botello Montes del PAN, de la senadora Nadia Navarro Acevedo del PA, del senador Damián Zepeda Vidales del PAN y de la senadora Claudia Edith Anaya Mota del PRI.
Al término de la votación, la senadora panista Xóchitl Gálvez, se paseó por el Pleno con una pancarta que señalaba “nos vemos en la Corte”, en referencia que estas leyes que se aprobaron hoy serán impugnadas ante el máximo órgano de justicia del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La senadora Josefina Vázquez Mota señaló el llamado Plan B electoral es, sin duda, violatorio de la Constitución, atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo, ese autoritarismo que se afianza cada día desde el poder y que destruye a su paso instituciones, personas, trayectorias sin límite alguno.
Amenaza el avance de la participación política de todos en nuestro país, pero particularmente a las mujeres, porque en esta tribuna hemos defendido, más allá de las siglas partidistas, los derechos de las mujeres y la gran dificultad y lucha que ha llevado durante décadas y años llegar a este momento.
¿Qué pasa con nosotras las mujeres frente a este Plan B y a este sistema cada vez más autoritario? Se acaba prácticamente el principio de paridad en la postulación de candidaturas, pues va a quedar a discrecionalidad de los partidos.
Por su parte, Damián Zepeda Vidal, manifestó que este Plan B daña tanto al INE, le quita tantas facultades en esta obsesión que tiene el Presidente López Obrador con el árbitro electoral, por un conflicto personalísimo con algunas personas, que lo mutila y lo deja incapacitado de poder llevar a cabo bien su trabajo.
El INE tiene una función constitucional: organizar elecciones libres, democráticas, garantizar el voto directo, intransferible, secreto de las personas.
El senador panista indicó que lo dañan tanto al grado que más del 80 % de su personal, no personal de lujo, no choferes del comisionado, del consejero, no los asesores, que todos estuviéramos de acuerdo en que se pudiera hacer un esfuerzo de austeridad.
“No, el personal que está en el estado validando las secciones electorales, actualizándolas, tocándole la puerta a las personas para que ayuden a contar los votos y estar en las mesas directivas, los que entregan las credenciales de elector, a ese personal es al que le están pegando, al personal técnico que nos ha garantizado en los últimos años elecciones democráticas, alternancia; no una, varias; alternancia del PRI al PAN, alternancia del PAN de vuelta al PRI y luego del PRI a Morena. Con ese mismo INE, antes IFE, que supo contar y contar bien los votos de los mexicanos. A eso es a lo que están lastimando”.
El Senador Dante Delgado Rannauro, al hablar ante el Pleno, mencionó que no haya una confusión con la que algunos postrados ante el poder quieren hablar de los postrados ante la enfermedad, les digo que la actitud indigna, servil y lacayuno de quienes hacen uso de la palabra para congraciarse con el poder.
Y todas las acciones regresivas que se están dando en este Gobierno, es producto de la cerrazón, de la decisión, no podemos decir unipersonal, pero casi unipersonal acompañada por quienes han sido durante mucho tiempo representantes de lo que era el PRD y hoy es Morena.
“No podemos confundirnos, la reforma regresiva, tóxica, pervertida y antidemocrática de López Obrador se da con la voluntad vertical desde el poder, está echando por tierra el trabajo y la lucha de millones de mexicanos por darse un sistema democrático imparcial”.
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Enfatizó que esta reforma es regresiva, es tóxica y antidemocrática porque atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos, porque pone en riesgo la estabilidad social del país y porque de manera pervertida quieren utilizar el poder para hacer todo lo que antes señalaban con dedos que criticaban el abuso de poder.