Luego de más de 12 horas de audiencia por el incendio del INM de Ciudad Juárez, el juez federal Juan José Chávez Montes resolvió dictar la vinculación a proceso de Eduardo A. y de Juan Carlos M., en tanto que ordenó la no vinculación de Cecilia R., por lo que quedará en libertad en cuanto se cumplan los trámites administrativos.
Lo anterior como parte del proceso que se sigue en contra de los empleados de la delegación del Instituto Nacional de Migración, quienes aparecen como presuntos responsables materiales por omisión del incendio el pasado 27 de marzo que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados.
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La audiencia dio inicio ayer martes a las 15:00 horas y concluyó la madrugada de este miércoles a las 3:20 horas. Cecilia R. no fue vinculada a proceso porque el Ministerio Público Federal no pudo comprobar que la adscripción de la funcionaria correspondía a esta ciudad, además que el día de los hechos la empleada se encontraba en el poblado de Janos, que es donde está su centro laboral de adscripción.
En caso de Carlos M. y Eduardo A., se decretó un plazo de cuatro meses para llevar a cabo la investigación complementaria, misma que podrá extenderse máximo hasta seis meses.
Los delitos por los que fueron vinculados ambos funcionarios fueron por homicidio doloso, lesiones y ejercicio indebido del servicio público, delitos que ameritan que continúen en prisión.
Al inicio de la audiencia los abogados defensores presentaron una serie de pruebas a efecto de añadir elementos que apoyarán la defensa de sus clientes, pruebas que el Ministerio Publico se encargó de señalar como impertinentes y varías de ellas fueron desechadas.
Como parte de la defensa de Eduardo A., se presentó al perito en criminalística Luis Fermín Cal y Mayor Rodríguez Familiar, mismo que se hizo cargo de compartirle al juez un peritaje que efectuó sobre un vídeo que se grabó al interior de la estación migratoria el día de los hechos.
El MPF se hizo cargo de interrogar al perito por más de media hora, poniendo en evidencia algunas fallas e inconsistencias que él cometió mientras llevó a cabo el peritaje y algunas contradicciones en torno a las horas de grabación que analizó y la metodología que siguió para llevar a cabo dicho ejercicio.
¿De qué se les acusa a los funcionarios?
Luego de desahogadas las pruebas y alegatos dentro de la audiencia, el juez Chávez Montes señaló todas las conductas omisas en que incurrieron los ahora vinculados; en el caso de Juan Carlos M. señalo la omisión de no haber supervisado a la comisión interna de Protección Civil que debía operar en la estación migratoria. Este fue un factor determinante para que a la hora del incendio, tanto los guardias privados como el personal del INM, no supieran cómo accionar ni qué hacer para tratar de salvar la vida de los migrantes.
En el caso de Eduardo A., encargado de recursos materiales, se le señaló la conducta omisa de no haber dado agua a los migrantes ahí resguardados, además de destacar que él fue quien giró la orden de que se les diera agua de la llave, la cual quedó registrada en una llamada al celular de uno de los supervisores de seguridad privada.
Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez