La Corte Suprema de Perú determinó este jueves que el expresidente Pedro Castillo continúe en la cárcel, al rechazar la apelación que presentó su defensa contra los 18 meses de prisión preventiva que recibió el pasado 15 de diciembre, una semana después de ser destituido por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.
“Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratifica resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado”, señaló el Poder Judicial en un mensaje publicado en Twitter.
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El tribunal, que preside el magistrado César San Martín, también varió la orden de comparecencia con restricciones impuesta en primera instancia al ex primer ministro Aníbal Torres y le impuso el impedimento de salida del país por 18 meses.
En la resolución, la sala suprema declaró “infundado el recurso de apelación” presentado por la defensa de Castillo y “fundado en parte” el pedido de la Fiscalía para que se varíe la situación de Torres.
Confirmó, de esa manera, la decisión tomada en primera instancia por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien en ese momento señaló que había encontrado “fundados elementos de convicción” de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La posición de la defensa
Durante la audiencia celebrada este miércoles, el abogado de Castillo, Wilfredo Robles, acusó a la Fiscalía de mostrar “un afán de acumular delitos” en contra del exmandatario y dijo que no hay fundamentos suficientes para mantener la prisión preventiva.
Robles sostuvo que Castillo no llamó a levantarse en armas durante el mensaje que ofreció el 7 de diciembre pasado y también alegó que cuenta con arraigo laboral, ya que debe volver a ejercer su puesto de maestro en una escuela rural del norte del país.
El abogado consideró que no existe peligro de fuga y se preguntó si su cliente tiene que cumplir prisión preventiva por el apoyo que le dan otros mandatarios, en referencia a la predisposición que ha manifestado el Gobierno de México de otorgarle asilo político.
Castillo también intervino en la audiencia y, tras afirmar que la prisión preventiva que cumple es injusta y una venganza política, pidió su liberación.
“Yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas y tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie, pero si debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual Gobierno”, sostuvo respecto a las 28 personas que han fallecido en protestas ocurridas en el país las últimas semanas.
El exmandatario permanece detenido desde el 7 de diciembre, cuando fue detenido tras anunciar en un discurso que iba a disolver el Congreso, gobernar por decreto, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente, lo que ha sido interpretado mayoritariamente como un fallido intento de golpe de Estado.
Los argumentos de la fiscalía
Por su parte, la fiscal suprema adjunta Silvia Sack Ramos explicó que el Ministerio Público pide que Castillo continúe en prisión por la gravedad del intento de golpe de Estado y el peligro de fuga.
También pidió que se revoque la comparecencia con restricciones dictada para Torres, quien era asesor jurídico de Castillo, y que continúe el proceso en prisión preventiva, puesto que, según sus palabras, este “no fue un simple espectador” del anuncio del exgobernante y participó en su diseño y planificación.
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Al dictar la prisión preventiva contra Castillo, el juez Checkley señaló el pasado 15 de diciembre que tomó la medida porque el exgobernante afronta la posibilidad de recibir al menos cuatro años de prisión y existía el peligro de fuga, ya que había intentado dirigirse a la Embajada de México en Perú para pedir asilo.