En 2013, el mexicano de origen español Diego Quemada Diez dirigió y presentó al mundo La Jaula de Oro, una película en la cual muestra las vicisitudes y desventuras de tres adolescentes guatemaltecos que viajan a través del territorio nacional de México para tratar de llegar a Estados Unidos, con el afán de tener una vida mejor y vivir el “sueño americano”.
Lo que les ocurre en el camino y el desenlace de la película, que recibió alrededor de 100 premios alrededor del mundo, no es ni un pedacito de la macabra y horrorosa realidad de los miles de migrantes que intentan cruzar diariamente México para llegar a Estados Unidos.
EN GUANAJUATO
Como una verdadera secuencia de terror, presenciamos la semana pasada en Guanajuato la terrible historia de los “23 turistas” guanajuatenses que salieron de San Felipe a Saltillo y desaparecieron.
Para empezar, la “agencia de viajes” Eifel, que los trasladó, si bien dio parte a las autoridades de la desaparición, resultó que ni siquiera sabía cuántas personas trasladaban ni tenían lista de pasajeros. Afortunadamente la autoridad ya los llamó a declarar.
Este asunto adquirió una relevancia mediática inusitada porque se suponía que se trataba de 23 “turistas desaparecidos” en plena Semana Santa. Pero si desde el principio la “agencia de viajes” hubiera dicho “trasladamos a unos migrantes y no los encontramos” muchos se hubieran encogido de hombros y únicamente hubieran revictimizado a los desaparecidos con juicios como “para qué vinieron”, “a eso se exponen”, etcétera. Fueron más de 100 migrantes los extraviados. Los primeros 25 los halló vivos el gobierno de Guanajuato en San Luis Potosí.
Es una desgracia que si son migrantes indocumentados, nadie viene a reclamar sus restos mortales. Prueba de ello es que hace dos días, El Heraldo de Juárez dio a conocer que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reconoció que muchos cuerpos de los 40 asesinados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, no han sido reclamados y añadió: “lo ocurrido en esas instalaciones federales, fue un acto cruel emanado de una mala política pública y de la falta de decisión por parte de servidores públicos.”
TRECE AÑOS DE DESAPARICIONES
Esto no es nuevo. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 22 de agosto de 2010 tuvo lugar “la primera Masacre de San Fernando, Tamaulipas” en el ejido El Huizachal. Según la CNDH, las víctimas fueron “72 migrantes de diversos orígenes en tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos y el hecho es uno más en la lista de crímenes no resueltos por el Estado mexicano”.
Los deudos de los 72 de San Fernando simplemente saben que un día sus parientes se fueron tal vez de América Central y nunca volvieron. En tanto, la delincuencia organizada los utilizó como “carne de cañón” para reclutarlos, extorsionarlos y luego enterrarlos de manera tal que fuera extremadamente difícil localizarlos.
Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGEG), al 15 de marzo de 2023 se han hallado 405 individuos en fosas clandestinas en el estado. Los lugares de más acumulación de personas fueron Salvatierra, donde hallaron a 81; 57 en 4 sitios en Irapuato; en Acámbaro han encontrado a 56 y la misma cantidad en Cortazar. Cabe destacar que de esos 405, la FGEG ha identificado ya a 311. No es poca cosa.
EL CASCABEL AL GATO
Los derechos humanos son universales. Ni los migrantes ni nadie tiene por qué vivir un infierno mexicano en el cual no hay coordinación entre los tres niveles de gobierno y entre los poderes de la Federación para detener la masacre de que son objeto.
Y por si fuera poco y ya en el colmo, hace 15 días, el asesinato masivo no lo perpetró la delincuencia, sino que ocurrió dentro de una instalación federal oficial, donde por falta de supervisión y por estupidez acumulada, decenas de hermanos latinoamericanos murieron calcinados y asfixiados sin que nadie los reclame jamás y de una manera que hace recordar los crematorios nazis de la 2a Guerra Mundial.