En días pasados el Comité de Integridad, a través de un dictamen técnico, después de haber analizado el texto de la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel, concluyó que existe una copia sustancial del texto presentado en 1986 por el estudiante Édgar Ulises Báez, desatando una serie de declaraciones, tanto de autoridades de la UNAM, Secretaría de Educación Pública y el presidente de la República, generando una incertidumbre en los procesos que se deben de seguir al presentarse una situación tan gravosa como la que el sistema de educación está viviendo.
Lo anterior nos permite visualizar la debilidad que existe en los procesos, tanto en la máxima casa de estudios, como por parte de la Secretaría de Educación Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resaltando la poca legislación que se tiene al interior de estas instituciones, mismas que desde un inicio no querían ser el “malo del cuento” por lo que esto representa, y las implicaciones que conllevaría el quitarle el título de abogada por la trascendencia de asuntos que de ella emanan.
El Rector de Universidad Nacional Autónoma de México, Doctor Enrique Graue Wiechers, se pronunció con un mensaje haciendo referencia a la falta de integridad a la Universidad, así como a la comunidad estudiantil, profesores y académicos por parte de la ministra, en donde sin duda el plagio es el pecado capital en la vida académica. Como resultado de lo ya mencionado, la Universidad concluyó que no está facultada para retirar el título de abogada a la magistrada Yasmín Esquivel, haciendo notar el vacío existente en la legislación académica en donde menciona que se harán las reformas necesarias con la finalidad de corregir los vacíos legales que se tiene en la actualidad.
Además de reconocer que la FES Aragón, debe de reforzar sus procesos para revisión de tesis, mediante programas que permitan evitar este tipo de acciones en la comunidad estudiantil y la rescisión del contrato de la maestra que fungió como directora de tesis la maestra Martha Rodríguez. Realizarán un rastreo para determinar si hay más casos como el que se presenta en este momento. Lo que resulta un tanto inverosímil, es pensar que la Universidad está facultada para expedir un título profesional bajo ciertos criterios y reglas a sus académicos, pero no está facultada para retirarlo en una situación tan deplorable.
Esto representa una gran decepción no solo para la comunidad estudiantil, sino para el país, permitiendo que la máxima casa de estudios esté pateando la bolita; a mi parecer la Universidad se quedó corta, dado que podría haberse robustecido mediante los principios del derecho de la vida social, utilizando las leyes complementarias a su legislación. Lo más grave, es el no castigar una falta de esta índole, creando con ello una falta de credibilidad importante en nuestras instituciones. Mientras que, por parte de la Suprema Corte, es inaudito que siga sentada una ministra que representa un acto de corrupción, proporcionando una gran desconfianza al estado de derecho y que no haya sido destituida o inhabilitada de su cargo.
Esperemos a ver si alguien decide tomar la bolita y terminar con este acto que sin duda mancha el historial de la Suprema Corte Justicia de la Nación y la máxima casa de estudios de nuestro país.
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