En sesión maratónica de este miércoles, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó establecer nuevos filtros y candados de cara a próximas elecciones, entre los que se contempla acotar, entre otras cosas, las conferencias de prensa como las que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hoy aprobamos este acuerdo que tiene por objeto expedir unos lineamientos para inhibir conductas que acorde con la experiencia de los distintos procesos electorales realizados en las próximas décadas han vulnerado en los distintos momentos la equidad, la certeza y otros principios que rigen la celebración de elecciones”, explicó el consejero Martín Faz.
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De esta manera, los 59 lineamientos se aprobaron en lo general de manera unánime y serán aplicados a partir de los comicios que se celebrarán en el Estado de México y Coahuila en 2023, con el propósito de evitar que existan actos anticipados de campaña y precampaña.
Sobre las nuevas reglas aprobadas esta noche en el INE, el representante de Morena ante el Consejo General, Eurípides Flores, acusó a los consejeros de extralimitarse en sus funciones al intentar atajar el ejercicio de las libertades políticas y “el intento de silenciar al presidente de la República”.
“Es un exceso esta (aprobación), es un intento de Ley Mordaza del presidente de la República, pero la verdad no nos preocupa mucho porque ya está en camino la reforma electoral. Estoy seguro también que el Congreso de la Unión no permitirá que se invadan sus facultades con este acto materialmente legislativo y esto quedará en un intento anecdótico por parte de este Consejo General de silenciar al presidente”, confió.
Y es que en el documento del INE que fue aprobado ante de que concluya la discusión del “Plan B de la reforma electoral en el Senado de la República también se acotó la propaganda gubernamental, propaganda personalizada, informes de labores, servidores de la nación, uso de programas sociales y funcionarios de casillas, pero uno de los temas más relevantes fue lo que respecta a las conferencias de prensa en los tres niveles de gobierno, como las ofrecidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto a éstas se señaló que deben tener carácter institucional y no se podrán incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser considerados como propaganda política, electoral o personalizada, mientras que los funcionarios deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, obras públicas o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, todo esto incluso en las rondas de preguntas y respuestas.
Asimismo, se estableció que los servidores públicos que aspiren a competir por cargos de elección popular no podrán asistir a eventos en los que se entreguen beneficios de programas y actividades institucionales, ni tampoco emitir opiniones o expresiones de índole político–electoral, ya que se consideró que por su investidura pueden impactar en los comicios.
Entre las sanciones contempladas en el acuerdo se aprobó el retiro del modo honesto de vivir a servidores públicos que cometan violaciones electorales de manera reiterada, lo que les evitaría aspirar a cargos de elección popular.
Para determinar sanciones de esta índole, se expuso que “se tomará en cuenta el contexto en que se dio la conducta, el impacto en el proceso electoral y, en su caso, la reincidencia por parte de la persona servidora pública, si la conducta realizada por la persona infractora implicó que se apartara del modo honesto de vivir, así como la temporalidad de dicha declaratoria”.
La modificación aprobada hoy en el Consejo General se hace en acatamiento de la sentencia SUP–JRC-101/2022 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en septiembre pasado en la que ratificó el triunfo del morenista Américo Villarreal en la elección a la gubernatura de Tamaulipas frente al candidato de PRI, PAN y PRD, César “Truko” Verástegui.
Aquella ocasión, la Sala Superior del TEPJF rechazó los alegatos de Acción Nacional para declarar la nulidad de la elección debido a irregularidades cometidas por los “servidores de la nación” y la participación de funcionarios públicos en los mítines políticos de Villarreal que a pesar de comprobar que sí afectaron al desarrollo de los comicios consideraron que no fueron determinantes para el resultado.
Sin embargo, aunque se falló a su favor y no se revocó la elección, en afán de que las violaciones al proceso democrático no ocurran de nueva cuenta, el Tribunal Electoral ordenó al INE elaborar reglas que garanticen el llamado “piso parejo” en las elecciones.
“Las denuncias que se interpusieron en el caso de Tamaulipas subrayan la necesidad de que se evite desde el INE de que los programas sociales sean usados con fines electorales, por eso la prohibición de que los servidores públicos estén, desde sus cargos, tratando de obtener ventajas indebidas hacia procesos electorales por venir o en marcha”, concluyó el consejero Ciro Murayama.