El director de la zona arqueológica de Chichén Itzá, de la península de Yucatán, Marco Antonio Santos Ramírez, presentó una denuncia penal por calumnias y daño moral en contra de quienes lo acusan de corrupción.
El pasado jueves, ejidatarios, artesanos y comerciantes mayas presentaron presuntas pruebas de mal manejo y otras ilegalidades al interior de este sitio turístico.
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El funcionario interpuso la demanda que quedó asentada en el expediente G8/67/2023 por los delitos de calumnia y daño moral, y en abierto desafío a los manifestantes que piden su renuncia afirmó: “Mi ciclo en Chichén Itzá no está concluido”.
De forma directa, el director del parque señaló a Evelio Mis Tun, expresidente municipal de Tinum, Yucatán, como la persona que está detrás de la manifestación de artesanos, comerciantes, guías de turistas y ejidatarios quienes mantienen el bloqueo a los accesos a esa zona arqueológica.
“Todo es porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no les permite hacer y deshacer lo que ellos quieren en Chichén Itzá”, aseguró Santos Ramírez.
Tras interponer la demanda penal, el director del parque señaló que son falsas las acusaciones en su contra, y menos las de discriminación, pues dijo que es antropólogo; que sabe leer y hablar náhuatl; que entiende y aprende maya, y que respeta los derechos de todos pero no puede dejar de aplicar la ley que regula las zonas arqueológicas.
Los ejidatarios lo acusan de disfrazar a turistas de investigadores (con chalecos del INAH) para que accedan de manera clandestina a parque y suban a la pirámide de Kukulcán por un costo de 150 dólares, lo cual, dijeron, es negocio turbio que se realiza desde hace tres años, incluso durante la pandemia.
Este viernes se cumplieron cinco días de bloqueo carretero en los accesos a Chichén Itzá, los ejidatarios indicaron que seguirán firmes en su protesta y manifestación hasta que el INAH muestra voluntad de diálogo y cese al director de este sitio arqueológico que ya suma millones de pesos en pérdidas económicas.
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Ante la demanda del funcionario al que acusan acoso y corrupción, los manifestantes señalaron que se asesoran para saber qué medidas tomar y responder legalmente a la demanda en su contra, mientras tanto permanecerán con el bloqueo por tiempo indefinido.